La rebelión libia da muestras de sembrar más dudas que certezas y de atravesar un proceso interno de divisiones cruentas ilustrado hasta el extremo por el asesinato del general Abdel Fatah Yunes, el jefe de la estructura militar de la rebelión, por miembros del mismo Consejo Nacional de Transición, CNT. La dirigencia rebelde acusó al régimen de Muammar Khadafi de haber perpetrado el crimen de Yunes y otros dos coroneles, pero esa versión choca con las evidencias.
Yunes fue ejecutado en Benghazi por sus propios partidarios apenas unos días antes de que Francia desbloqueara 182 millones de euros de ayuda “humanitaria” destinada a los rebeldes y provenientes de los haberes congelados del clan Khadafi. Washington fue mucho más circunspecto que París y exigió a los rebeldes una investigación clara sobre el asesinato de Yunes antes de desbloquear 13 millones de dólares.
Todo es confuso en la galaxia insurgente: el uso final del dinero, las circunstancias de la muerte del general y hasta el destino de las armas que Francia entregó al gobierno rebelde durante el mes de junio. Una sólida investigación realizada por el New York Times a finales de julio reveló que era altamente probable que las armas francesas hayan sido revendidas a traficantes y que ninguna de ellas se asomó por el campo de batalla.
El New York Times escribió que “a lo largo de dos semanas de entrevistas con combatientes (rebeldes) ninguno dijo que había visto los fusiles y las ametralladoras que Francia suministró. Cada hombre dijo que perdió el fusil en la batalla y muchos se preguntan quién, entre los líderes, se quedó con esas armas”. El espejo de la insurgencia libia está empañado. La historia de las armas y la ejecución del general Yunes han multiplicado las especulaciones sospechosas sobre el uso que el gobierno rebelde hará del dinero recibido.
La Cancillería francesa aclaró que los 180 millones de euros tenían fines humanitarios, es decir, la adquisición de “medicamentos y productos de primera necesidad”. La entrega de fondos a la rebelión no es ilegal. El dinero pertenece a los fondos soberanos de Libia y éstos pueden ser legalmente transferidos al CNT por cuanto esta entidad, que agrupa a la insurgencia y cuya sede está en Benghazi, fue reconocida como legítima por casi todos los países que integran la coalición que intervino militarmente en Libia. Pero entre la legalidad del suministro de fondos y su destino posterior hay un terreno minado de dudas que la muerte abrupta del general Abdel Fatah Yunes no ha hecho más que amplificar.
El apoyo y la confianza de Occidente hacia los rebeldes no ha cesado, incluso después de la trampa en la que cayó Yunes. Sin embargo, el crimen puso en tela de juicio la credibilidad de los rebeldes. La primera acusación apuntó hacia Khadafi, pero es falsa. Finalmente, entre desmentidos y contradicciones, la oposición Libia empezó a admitir que el general había sido objeto de una traición local. Los combates internos son tan frecuentes como las posiciones políticas antagónicas.
El futuro libio tiene claros contornos afganos. Los grupos armados que, unidos, forzaron el retiro de la Unión Soviética de Afganistán terminaron enfrentándose sin piedad cuando llegaron al poder. La guerra interna afgana causó más muertos y destrucciones que la invasión del ejército rojo. Si la rebelión gana, el futuro sin Khadafi será un mapa lleno de sangre. Uno de los hijos de Yunes, Mutasem, explicó a las agencias de prensa que si el CNT no hace justicia con los culpables entonces será su tribu, la Obeidi y sus 400.000 miembros, quienes se encargarán de hacerlo.
Fuente: Pagina/12; AP.
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